El Ayuntamiento de Algeciras mantiene su lucha contra los vehículos que se dedican al transporte irregular de viajeros, los conocidos como taxis piratas, a través del trabajo que viene desarrollando la Policía Local en estrecha colaboración con otros estamentos.
Según informó el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, el Cuerpo municipal se mantiene en coordinación tanto con la Policía Portuaria como con la Guardia Civil, además de con los propios taxistas algecireños, quienes alertan de la presencia de estos vehículos, lo que se une a las vigilancias propias que realizan los funcionarios policiales en zonas consideradas como “puntos calientes”, entre los que se encuentran la Acera de la Marina, la calle Carteya, o los alrededores de las estaciones de tren y autobuses. Este trabajo permitió a la Policía Local de Algeciras interceptar e intervenir desde el año 2014 un total de 120 taxis piratas, 27 de los cuáles fueron localizados el año pasado, todos ellos con una media de tres pasajeros a bordo.
De estos 27, siete de ellos realizaban trayectos urbanos y los veinte restantes recorridos interurbanos, teniendo como destinos Málaga, Granada y Almería. Cabe reseñar que doce de estos vehículos fueron retirados por sus propietarios del depósito municipal tras abonar las sanciones impuestas.
En lo que va de 2020, la Policía Local algecireña ha intervenido ya tres de estos turismos, todos ellos con tres viajeros en su interior que iban a ser trasladados a Málaga. Uno de estos conductores fue detenido tras comprobar que carecía del permiso de conducir, por lo que se le imputó un delito contra la seguridad vial. Muñoz Madrid explicó que los conductores de estos vehículos son denunciados por infracción a la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, al realizar trasporte de viajeros sin título habilitante, y se procede a inmovilizar el turismo, que es trasladado al depósito municipal, debiéndose hacer frente al pago de una sanción de 1.380,1 euros, a lo que se unen los gastos derivados de la retirada del coche por el servicio de grúa, y la estancia del mismo en el depósito.
Asimismo, el teniente de alcalde recuerda que hacer uso de este tipo de vehículos “no solo representa un perjuicio para los intereses de los taxistas profesionales, que sufren de intrusismo profesional y competencia desleal, sino que además puede entrañar riesgos para los propios pasajeros, ya que esos coches carecen del seguro obligatorio de viajeros”.